Asesoramiento Laboral Para Empresas

Bolivia busca ampliar sus alternativas de conexión con los mercados internacionales mediante dos frentes: el desarrollo del Hub Aeroportuario Internacional de Viru Viru y el fortalecimiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná, con Puerto Busch como punto estratégico para el comercio exterior. El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, informó que este jueves 29 de octubre viajará a Uruguay junto con otros tres ministros para presentar iniciativas de integración comercial y conectividad en el marco de Urupabol, mecanismo que reúne a Bolivia, Paraguay y Uruguay. La agenda contempla proyectos vinculados con Puerto Busch, conexiones ferroviarias y carreteras, además de alternativas para ampliar el transporte aéreo de carga. La delegación expondrá las posibilidades de desarrollo de Puerto Busch, infraestructura que el Gobierno considera estratégica para ampliar las opciones de importación y exportación a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Zamora afirmó que existen inversionistas extranjeros interesados en el proyecto y señaló que será necesario garantizar condiciones de seguridad jurídica e interconectividad para avanzar. La conexión ferroviaria y vial figura entre los desafíos para facilitar el traslado de mercancías hasta el puerto y mejorar la logística de salida de productos bolivianos hacia el océano Atlántico. La iniciativa forma parte de una agenda interministerial que busca establecer una hoja de ruta para la operatividad de Puerto Busch, diversificar las rutas comerciales y reducir los costos logísticos. Según la Cancillería, Obras Públicas coordinará el seguimiento de los proyectos de infraestructura interna, mientras que Relaciones Exteriores encabezará las gestiones diplomáticas y las negociaciones internacionales. En paralelo, el Gobierno impulsa el proyecto del Hub Aeroportuario Internacional Viru Viru, en Santa Cruz, concebido para ampliar la conectividad aérea del país. La propuesta abarca el diseño, construcción, equipamiento, operación, mantenimiento, modernización y expansión de la infraestructura aeroportuaria. Zamora también mencionó las gestiones para ampliar las operaciones aéreas, incorporar nuevas aerolíneas y desarrollar alternativas para el transporte de carga. La intención es complementar la conectividad fluvial con una mayor capacidad de conexión aérea para pasajeros y mercancías.

La especialista Cecilia De Maio sostiene que las empresas del ecosistema de activos virtuales deben demostrar que sus controles funcionan en la práctica, con debida diligencia, monitoreo de transacciones y una gestión de riesgos que responda a las exigencias de la banca internacional. La expansión de los activos virtuales plantea nuevos desafíos para las empresas que buscan operar dentro del sistema financiero formal. La velocidad de las transacciones, su alcance internacional y las particularidades de la tecnología blockchain exigen mecanismos de control que vayan más allá de manuales y formularios. Para Cecilia De Maio, socia fundadora de Ransen Group y creadora de Auditra, la clave está en demostrar que los programas de cumplimiento funcionan en la práctica. En entrevista directa con Economy, la especialista en compliance, derecho comercial e investigaciones corporativas advierte que uno de los errores más frecuentes en la región es tratar la debida diligencia como una lista de requisitos, sin conectarla con las operaciones cotidianas. Esta desconexión puede convertirse en un obstáculo cuando un banco corresponsal internacional o un regulador solicita evidencia sobre la identificación y mitigación de riesgos. «La corresponsalía bancaria realmente no se sostiene diciendo simplemente “tengo este manual”, sino que además tengo que mostrar que yo cumplo», afirma De Maio, quien cuenta con veinte años de experiencia en investigaciones corporativas, cumplimiento y resolución de disputas en América Latina, el Caribe y Estados Unidos. Para construir un programa efectivo, las empresas deben identificar sus puntos ciegos, evaluar a los clientes de alto riesgo y establecer medidas de mitigación acordes con su actividad. De Maio considera que no se trata de prometer una operación sin riesgos, sino de justificar las decisiones tomadas y demostrar que los controles aplicados son razonables. «Lo importante acá es poder sentarte frente a ellos y demostrar con evidencia clara dónde se identificó el riesgo, por qué se calificó de esa forma, qué medidas concretas se tomaron para mitigarlo», explica, al referirse a las exigencias de los reguladores y bancos corresponsales. La evaluación tampoco termina cuando se abre una cuenta. La especialista identifica debilidades en el monitoreo continuo de los clientes y en la capacidad de las empresas para explicar las alertas que generan sus sistemas. Documentar por qué una alerta deriva en una investigación, pero también por qué se descarta una actividad sospechosa, permite demostrar si los mecanismos de vigilancia funcionan. «Pasar de alto riesgo a socio confiable no es prometer riesgo cero, porque el riesgo cero no existe: si tenemos riesgo cero, no hay negocio», señala De Maio. La confianza depende de la capacidad de reconocer los riesgos asumidos y respaldar las decisiones con evidencia verificable. El volumen y la velocidad de las operaciones con activos virtuales dificultan aplicar los mismos procedimientos utilizados para clientes tradicionales. Las criptomonedas y las stablecoins permiten transferencias globales en segundos y operan de manera ininterrumpida, lo que requiere herramientas capaces de analizar grandes cantidades de información. En ese escenario, la inteligencia artificial puede procesar transacciones en tiempo real, cruzar los registros de blockchain con la información obtenida mediante los procedimientos de conocimiento del cliente (KYC, por sus siglas en inglés) e identificar patrones inusuales. Auditra, plataforma de compliance desarrollada como una división de Ransen Group, utiliza inteligencia artificial aplicada para apoyar esta labor. Su función es proporcionar información al equipo responsable del cumplimiento para que pueda evaluar los riesgos y actuar oportunamente. De Maio aclara que esta tecnología no sustituye la evaluación profesional. «El criterio humano es totalmente irremplazable», afirma. La plataforma puede aportar datos para calificar el riesgo, pero la decisión y la responsabilidad por las medidas adoptadas siguen correspondiendo a las personas encargadas del cumplimiento. La incorporación de activos virtuales no elimina las obligaciones del derecho comercial y corporativo. De Maio advierte que algunas empresas, concentradas en la tecnología y la rapidez de sus productos, descuidan aspectos legales que pueden resultar determinantes ante una auditoría, un fraude o una disputa. Uno de los principales problemas es el respaldo documental de las operaciones. Aunque la blockchain permite observar el movimiento de fondos entre billeteras, ese registro no demuestra por sí solo la existencia de un contrato ni la causa comercial de un pago. «La blockchain te muestra que se movió dinero de una billetera a otra, pero la realidad es que no te prueba el contrato, no te prueba la causa comercial de por qué se está haciendo ese pago», explica la especialista. Sin documentación complementaria, las empresas pueden enfrentar dificultades para demostrar la legitimidad y el propósito de sus operaciones. La selección de custodios, proveedores y plataformas constituye otro punto crítico. De Maio recomienda realizar procesos de debida diligencia ampliada para comprender cómo operan estas contrapartes, qué servicios ofrecen y cuáles son los riesgos asociados. Una falla de cualquiera de los participantes puede afectar al resto de la cadena, por lo que los contratos y las relaciones comerciales requieren una evaluación previa. En relación con Bolivia, De Maio se refiere al compromiso asumido ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) para desarrollar un marco regulatorio para los activos virtuales. Frente a una normativa cuya implementación todavía debe definirse, recomienda que las empresas no esperen a su aprobación para comenzar a prepararse. «El peor error que uno puede cometer es quedarse de brazos cruzados esperando que salga la regulación», advierte. Su propuesta consiste en analizar las prácticas internacionales, comprender los riesgos de los activos virtuales, fortalecer la trazabilidad de las operaciones y buscar especialistas y proveedores que acompañen la adaptación de los procedimientos. En materia de prevención del lavado de activos, identifica tres componentes que deben funcionar de manera articulada: un enfoque basado en riesgos, el conocimiento del cliente y de su beneficiario final, y el monitoreo de las transacciones junto con la comprensión de la tecnología utilizada. Esto implica conocer el origen de los fondos y del patrimonio, comprender cómo se financia una billetera digital y verificar si los controles tecnológicos responden al riesgo identificado. La debida diligencia no puede reducirse a solicitar un documento de identidad ni aplicarse de manera idéntica a todos los clientes. Las cámaras de criptomonedas, las comunidades fintech y las empresas tecnológicas pueden contribuir a establecer prácticas compartidas de cumplimiento y facilitar la interlocución entre el sector privado y las autoridades. De Maio considera que estos espacios permiten abordar las preocupaciones de cada parte: los riesgos que la banca necesita controlar, las exigencias regulatorias y los obstáculos operativos que enfrenta la industria. La participación de organizaciones gremiales y proveedores especializados también puede ayudar a adaptar los estándares internacionales a las condiciones de cada mercado. La especialista advierte que una aplicación desconectada de la realidad local puede generar exclusión financiera para determinados sectores o actividades. El desafío para las empresas que operan con activos virtuales consiste en integrar tecnología, documentación, controles y conocimiento del negocio en un sistema que pueda demostrar su funcionamiento. Para De Maio, la confianza bancaria no se obtiene con promesas, sino con la capacidad de identificar riesgos, explicar las decisiones y acreditar que las medidas adoptadas son efectivas. Cecilia De Maio, socia fundadora de Ransen Group y creadora de Auditra, participará este miércoles 28 de octubre, a las 18:00, en el webinar «De alto riesgo a socio confiable: compliance, debida diligencia y corresponsalía para el ecosistema cripto», organizado por la Cámara Boliviana de Blockchain (CABLOCK) y Solidus. El encuentro reunirá a especialistas para analizar las exigencias de bancos, corresponsales y reguladores a las empresas de activos virtuales. La actividad será por Zoom, con inscripción previa en https://lnkd.in/dcaFF3zf

El anteproyecto impulsado por el Ministerio de Minería y Metalurgia plantea simplificar trámites, fortalecer la seguridad jurídica e incorporar mecanismos de control ambiental y trazabilidad de minerales. La propuesta ingresó en una etapa de socialización que contempla consultas en los nueve departamentos antes de su remisión al Legislativo. La actualización de las reglas que rigen la actividad minera en Bolivia comenzó una nueva fase con la socialización del anteproyecto de Código Minero. La iniciativa busca reunir normas sustantivas y procedimientos en un solo cuerpo legal, con modificaciones orientadas a la contratación, la gestión administrativa y la responsabilidad ambiental. El ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón de la Barca Quintanilla, encabezó la primera sesión de presentación del documento, en la que participaron representantes de los órganos Ejecutivo y Legislativo. La actividad permitió exponer los avances, la metodología de elaboración y los principales componentes de la propuesta, que todavía está abierta a observaciones. Según la autoridad, el anteproyecto surgió de una revisión normativa, la identificación de necesidades del sector y el trabajo técnico con actores productivos mineros. Entre sus objetivos figuran mejorar la seguridad jurídica, modernizar la gestión institucional y generar condiciones para la inversión y la producción responsable. Uno de los principales componentes es la propuesta de seis modalidades contractuales diferenciadas, junto con la habilitación de asociaciones entre empresas privadas. El texto también plantea precisar las condiciones de los contratos mineros, simplificar trámites y mejorar la coordinación entre instituciones. En materia administrativa, contempla mecanismos para reducir la duplicidad de información y agilizar procedimientos. En el ámbito ambiental, propone acompañar los proyectos desde sus etapas iniciales e incorporar medidas relacionadas con el control de la comercialización y la trazabilidad de los minerales. El anteproyecto mantiene principios del régimen minero, como la pertenencia de los recursos minerales al pueblo boliviano y el carácter intransferible de las áreas mineras. También reconoce la participación de los sectores estatal, privado y cooperativo en la estructura productiva nacional. La primera sesión incluyó exposiciones de equipos técnicos del Ministerio de Minería y Metalurgia, con la participación del director general de Asuntos Jurídicos, Álvaro Alejandro Herbas Blanco, y del viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización, Walter Luis Landívar Castedo. La agenda prevé espacios de diálogo territorial en los nueve departamentos del país. A ello se sumará un mecanismo digital mediante el micrositio oficial del Ministerio, donde la población podrá acceder al documento y presentar observaciones, recomendaciones y propuestas. Calderón de la Barca señaló que el propósito es incorporar los aportes de distintos sectores antes de remitir el anteproyecto a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por tanto, la propuesta deberá atravesar esta etapa de consulta antes de avanzar hacia su tratamiento legislativo.

El Directorio de Banco PyME Ecofuturo S.A. anuncia una transición planificada de liderazgo ejecutivo y Miguel Ureña Calderón asumirá la Gerencia General del Banco. Esta decisión responde a una visión de consolidación institucional y se produce en una etapa de importantes avances para Ecofuturo, construidos sobre el compromiso de seguir Construyendo Oportunidades para miles de familias, emprendedores y productores bolivianos. Entre ellos destacan la obtención de la Certificación Oro de Protección al Cliente, otorgada por Microfinanza Rating (MFR), reconocimiento internacional que valida las mejores prácticas de atención responsable, transparencia y protección de los derechos de los clientes financieros. Ecofuturo marcó un hito institucional con el lanzamiento de su Marca de Sostenibilidad, consolidando una visión de banca responsable orientada a la inclusión financiera, el cuidado ambiental, la equidad y la generación de impacto positivo en la sociedad. Ese mismo año, 2025, la entidad obtuvo el Sello de Igualdad de Género Nivel 2, convirtiéndose en la primera entidad financiera del país en alcanzar esta distinción, reflejo de su compromiso con la inclusión, la equidad y el desarrollo sostenible. Se logró la alianza con la Cooperación Alemana GIZ con el propósito de incorporar las Finanzas Sostenibles en la gestión institucional, a través del lanzamiento de un Crédito Verde Agropecuario e incorporación del Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS). El Directorio expresa su reconocimiento a Alejandro Bustillos por su compromiso y contribución durante una etapa caracterizada por la innovación, la sostenibilidad y la generación de valor social para el país. “Fueron años exigentes. Hoy Ecofuturo tiene bases sólidas para crecer, y por eso es el momento adecuado para una transición ordenada. Me enfocaré en los proyectos que definirán el crecimiento del Banco en los próximos años, con el mismo compromiso de siempre”, señaló Alejandro Bustillos. Como parte de esta nueva etapa, Miguel Ureña conducirá, proyectos estratégicos vinculados al fortalecimiento, el crecimiento y la consolidación de largo plazo de la institución, aportando con su amplia experiencia, conocimiento institucional y relacionamiento estratégico. Esta transición representa el inicio de una nueva etapa construida sobre la continuidad de la visión institucional y el compromiso compartido de seguir generando oportunidades para clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad boliviana. Con una visión que continúa y un liderazgo que evoluciona, Banco PyME Ecofuturo reafirma su propósito de seguir Construyendo Oportunidades y aportando al desarrollo económico y social de Bolivia.